| Andrés Hdo Bodensiek es un observador de la Educación Superior, autodeclarado como Disidente, y quien cuestiona cómo detrás del movimiento de la educación se presenta un multimillonario negocio.
Aunque los medios de comunicación se han apresurado a calificar como “conveniente”, “necesaria” y a tildarla de “verdadero pacto social” (http://www.semana.com/noticias-especiales/conquistar-mundo/153194.aspx), la reforma a la ley 30 de 1992 (ley general de educación) que se tramitará en el congreso durante el presente periodo legislativo va en contravía a los requerimientos que exige el desarrollo de Colombia.
Es notable la confianza del gobierno en su capital político, y en su maniobrabilidad legislativa -resquebrajada ya por los agarrones entre los furibistas y el resto de la “unidad” nacional- , pero lo que es seguro es que el camino que queda antes de que la mentada reforma sea aprobada es largo y pedregoso y más seguro aún es que una de esas piedras será la comunidad académica , sobre todo la de las universidades públicas, y en general todos los estamentos de la sociedad que entienden la importancia de garantizar educación pública de calidad como requisito sine qua non para alcanzar el desarrollo del aparato productivo nacional.
Mirando en detalle las cifras que a nivel mundial mueve la “industria educativa” se descubre una verdadera mina de oro inexplorada hasta hace una par de décadas por el sector privado transnacional. Considerando que el valor de este importante renglón de la economía supera el trillón de dólares a nivel mundial (sí, un 1 y 12 ceros a las derecha) y que sólo en Estados Unidos representa ganancias de 80 billones de dólares anuales equivalentes al 10% del PIB de ese país para las “compañías educativas” (Standar & Poors: The outloook, industry in focus en: www.spoutlookonline.com) se entiende el carácter vital y el interés de las transnacionales en este sector.
Teniendo presentes estas astronómicas cifras, cabe preguntarse cuál es la intención de la reforma educativa que le presenta a la nación el actual gobierno. En Colombia, durante 2010 la educación en su conjunto representó un presupuesto de 148,3 billones de pesos, de los cuales el exiguo monto de 25,3 billones, se destinó a inversión. En adelante el gobierno cifra sus esperanzas en el capital privado para que este monto aumente y la cobertura suba, soslayando adrede el principio básico que dice que el fin de todo empresario es “maximizar los beneficios”, lo cual implica casi nulas posibilidades de proveer educación de calidad que esté al servicio del desarrollo nacional. Allí la inconveniencia manifiesta de promover la existencia de universidades con ánimo de lucro.
Si ahora que las universidades no deben, para poderse constituir como tales, tener deseos de rédito alguno, sino por el contrario invertir constantemente- se supone- en el incremento de la calidad de la educación que proveen, y para nadie es un secreto que hay varias familias enriqueciéndose a costa de la educación de los colombianos, ¿cuál será el escenario en el que estaremos cuando no exista el respaldo legal para impedir los abusos en los que suelen incurrir los amos del sector- que en adelante no serán solo criollos sino extranjeros - en virtud de mantener su tasa de ganancia?
Lo ojos del capital financiero global están puesto sobre este, el país más desigual del Latinoamérica, y el hogar, no sabemos si con vergüenza o con orgullo, de dos de los 100 hombres más ricos del mundo: Luis Carlos Sarmiento Ángulo y Julio Mario Santodomingo, quienes en la actualidad tiene más dinero que Steve Jobs el dueño de Apple, que Donald Trump, y mucho más que el dueño de la CNN, o que el cínico primer ministro italiano Silvio Berlusconi. No sobra traer a colación la observación que hace el columnista Moises Naim en la edición dominical del diario “El País” en la cual reseña la forma como muchos de los nuevo “billonarios” vienen de los países emergentes y la forma en la que sus fortunas se han construido a base de succionar cómodamente de la vulnerable ubre estatal.
El riesgo que se afronta en el caso de Colombia aunque no es exactamente ese, si se relaciona con la nueva apertura que quiere implementar el gobierno basado en su política minero–energética y en sus locomotoras que ahora pretenden pasar a velocidad destructora sobre sectores claves como el educativo, para que vengan empresas de la índole de DeVry- transnacional estadounidense dueña del mercado educativo brasilero-, Apollo Groupfi - filial de Apollo global que es su vez dueña del grupo financiero BPP Holding-, o Illinois based Career Education, otro de los líderes mundiales del negocio educativo.
Aunque sean en sus aulas donde se crea y promueve el pensamiento neoliberal y gerencialista que nos quieren imponer con base en el desmantelamiento de los pocos vestigios que quedan del Estado social de derecho, sobraría recordarle al presidente Santos y a su CEO del sector, perdón, a su ministra, que si de calidad y excelencia se trata dentro del ranking de la 20 de las mejores universidades del mundo ninguna es privada ni mucho menos manejada por una multinacional (http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/sep/08/worlds-top-100-universities-2010),
Para concluir debe quedar claro que no es coincidencia que la reforma al sistema de educación superior sea presentada en momentos en los que en los centros de poder mundial está definida la necesidad de que el sector educativo privado de los países desarrollados salga del marco nacional y “ayude” a ampliar la oferta de profesionales en los países en vías de desarrollo. En la descripción que hace sobre la “industria educativa” la firma de consultoría financiera Standar and Poors en su página web puede leerse : “(las) Empresas en los Estados Unidos están tratando de satisfacer estas demandas (las de “ayudar” al Estado a satisfacer la oferta de cupos en educación superior) mediante la expansión a otros países”. En adición un artículo reciente del periódico Le monde, titulado “La batalla de la materia gris comienza” menciona la importancia “nacional estratégica” que para Francia comporta mantener su puesto predominante en el mercado global de la educación, y la forma feroz en la que esta “guerra de talentos” está planteada entre las economías desarrolladas. En este teatro de operaciones, ¿qué roll puede jugar un país como Colombia? Seguramente será solo otra cifra, otra pieza, otro territorio más por conquistas en este ajedrez en el que se ha convertido en los últimos 20 años de la educación superior a nivel internacional.
Frente a esta realidad el gobierno atina a proponer una “armonización con sistemas educativos internacionales” (art 11: propuesta de reforma a la ley general de educación) Santos debería acordarse o alguien debería hacerle el favor -ya que entre más pasa el tiempo más crecen sus ínfulas de estadista omnisciente y de “traidor de su clase” - de la frase de Platón que resulta tan acertada para esta situación: “El más importante y principal negocio público es la buena educación de la juventud”. Con la propuesta de la ley no es descabellado decir que con su sabiduría de “tercera vía” el presidente le daría un aire modernizador a Platón cambiando en la sentencia la palabra “público” por “privado – transnacional”. |
