CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Recientemente un juez de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales tomó una decisión de sustitución de una medida de aseguramiento contra un acusado.
El hecho, que es apenas normal en la actividad judicial, fue recibido con gran escándalo por diversas autoridades estatales. El Presidente de la República, los Ministros de Defensa y de Justicia, impugnaron mediáticamente la decisión judicial, pasando por alto uno de los más caros valores de un Estado de Derecho: la independencia judicial. Particularmente llamativos resultan los pronunciamientos de quien ejerce como Ministro de Justicia, que en un acto de soberbia e ignorancia, “amenaza” con interponer los recursos legales, olvidando que no es parte en el proceso y además, anuncia que decidirá sobre el destino del sindicado.
En medio del espectáculo desatado con este episodio, tanto los altos funcionarios del Estado que se han pronunciado, como los medios de comunicación han pasado por alto que las decisiones de los jueces tienen mecanismos de impugnación frente a los cuales, hasta ahora, nadie se ha tomado el trabajo de pronunciarse –por ejemplo, una apelación ante el superior jerárquico del juez suspendido-.
El Consejo Seccional de la Judicatura, con una rapidez sorprendente, decide suspender al juez en sus funciones por el término de tres meses, inicialmente.
Lo que probablemente resulta más problemático en toda esta situación es la aparente naturalidad con la que se recibe este tipo de noticias en la opinión pública y el manejo que recibe por los medios de comunicación. Lo verdaderamente escandaloso, se insiste, no es la libertad de un individuo por “peligroso” o “temible” que éste sea –para emplear las categorías del más rancio positivismo criminológico–, sino la manera tan apacible como es recibida la intromisión de uno de los poderes públicos en el ámbito general de competencias de otro. Lo que en verdad debería causar revuelo no es la actividad de un operador de justicia, sino el grave atentado al Estado de Derecho y a los valores más elementales de una sociedad civilizada como el respeto de la autonomía judicial.
Los medios de comunicación, ante episodios como éste, en lugar de fungir como instrumentos de información, se ocupan en cambio de promocionar linchamientos morales contra un juez de la República, poniendo en serio peligro su integridad física, jugando con su patrimonio moral y profesional, afectando su entorno social y familiar.
Como Claustro de una Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, creemos necesario hacer un ejercicio pedagógico y recordar que en este país, que dice ser un Estado de Derecho, hay un órgano encargado de hacer las leyes, otro de aplicarlas y otro de garantizar que se puedan ejecutar. Resulta paradójico que en episodios como éste, cuando un juez cumple su labor (aplicar la ley), se ataque el juez y no se cuestione la labor del legislador que previamente ha creado la ley, que el juez está obligado a aplicar.
El espectáculo mediático, protagonizado, otra vez, por altos funcionarios del Estado, muestra el poco respeto que se tiene por el Estado de Derecho, la separación de los poderes y la dignidad de la función judicial. ¿Qué legitimidad podrá tener un Estado ante el ciudadano común y corriente, cuando el Presidente y algunos de sus Ministros, denostan públicamente de los jueces?
Como profesores de una Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y ciudadanos lo menos que tendríamos que esperar de los altos funcionarios del Estado, es que sean leales con los valores del Estado al que se han obligado a representar y, en consecuencia, respeto por un servidor público que, se insiste, se atuvo a lo dispuesto en las normas que nos rigen.
Medellín, 31 de agosto de 2011
