Por: Rodolfo Arango
El gobierno nacional avanza en la privatización de la educación superior mediante la reforma legal.
Su concepción privatista es inconveniente para los intereses generales y el futuro del país. Quiere ampliar el acceso a la universidad pública, pero no está dispuesto a destinar los recursos necesarios para garantizar calidad y equidad. Además, sujeta el acceso al pago de la tarifa del servicio público educativo, como si no se tratara de un derecho fundamental. Las becas y créditos blandos no cambian la concepción privatista en la materia; la ratifican. El Gobierno colombiano camina por la senda del Gobierno chileno, pese a su anunciada renuncia al ánimo de lucro. Por fortuna, un estudiantado con creciente conciencia de sus circunstancias ha decidido tomar el destino en sus manos.
La educación asegura la reproducción material y cultural de la vida de una sociedad. En un mundo civilizado, la educación no debe depender de la gracia de los poderosos. Los ciudadanos ilustrados y sus comunidades se encargan de asegurar los procesos productivos y simbólicos de su existencia sin intervención del poder coercitivo del Estado. La sede de la educación es la sociedad. La intervención de las autoridades públicas es sólo un medio necesario mientras no alcancemos un mayor grado de ilustración.
Según la Constitución Política, la educación es un derecho fundamental, no una mercancía. Que su satisfacción sea mediante el servicio público, prestado por el Estado o por los particulares, no desvirtúa su carácter de derecho fundamental. La prestación del servicio resulta costosa. El acceso en condiciones de igualdad y calidad requiere ingentes recursos económicos. Para el caso de familias económicamente acomodadas, tal acceso no representa mayor problema. Disponen del dinero para matricularse en universidades privadas. No obstante, para la mayoría de la población colombiana la educación superior es un bien escaso, en muchos casos inalcanzable. La propuesta oficial invita a los jóvenes sin recursos a endeudarse con los bancos para poder ingresar a la universidad. El Estado les ofrece créditos subsidiados y, en casos de excelencia académica, incluso la condonación de sus deudas. El esquema de mercado y libre competencia con cofinanciación pública condiciona el acceso a la educación al endeudamiento en un contexto de creciente desempleo. Se trata de una propuesta irrazonable que restringe gravemente el derecho fundamental a la educación en condiciones de equidad.
