El debate sobre el Proyecto de Ley de Financiamiento 2025 ha estado marcado por los titulares que hablan del IVA, la renta de las empresas o el impuesto al patrimonio. Pero detrás de esa discusión técnica hay un asunto más trascendental: ¿cómo sostener la inversión en educación básica y media, el verdadero corazón del gasto social en Colombia?
Hoy, más del 60% del Presupuesto General de la Nación se destina a gasto social, con la educación como protagonista. Sin embargo, la presión tributaria nacional apenas alcanza el 22.2% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE llega al 33.9%. Intentamos financiar una política social de país desarrollado con la capacidad de recaudo de una economía en desarrollo. Esa tensión es insostenible, se requiere que se mantenga la inversión aumentando el recaudo, centrando este en quienes más tienen.
Avances que no podemos perder
La educación pública en Colombia ha mostrado logros que sería un error minimizar:
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Cobertura: más del 90% de los niños y niñas están en básica, y en media la deserción cayó dos puntos porcentuales desde 2020.
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Infraestructura: entre 2018 y 2023 se construyeron o mejoraron más de 3.000 sedes, con énfasis en jornada única.
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Alimentación escolar: en 2024, el PAE llegó a 6,6 millones de estudiantes, la mayor cobertura histórica.
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Formación docente: más de 120.000 maestros participaron en procesos de actualización en competencias digitales en el último año.
Estos avances muestran que cuando el Estado invierte, los resultados se ven.
Calidad: señales de mejoría
Durante años, Colombia fue criticada por sus bajos resultados en pruebas estandarizadas. Hoy se perciben señales de avance:
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En las Pruebas Saber 11, el promedio global pasó de 251 a 256 puntos, con mejoras en matemáticas y lectura crítica.
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En las Pruebas Saber 3, 5 y 9, se redujo el porcentaje de estudiantes en nivel insuficiente en matemáticas (36% a 32%) y lenguaje (28% a 25%).
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En PISA 2022, Colombia fue de los pocos países latinoamericanos que mostró recuperación en lectura tras la pandemia.
La calidad educativa, aunque aún con grandes retos, empieza a moverse en la dirección correcta.
La dignificación docente: clave de la calidad
No hay educación de calidad sin maestros dignificados. En los últimos años se han dado pasos importantes:
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Concurso de ascenso y reubicación salarial: tras años de congelamiento, se reactivó el concurso, permitiendo a miles de docentes mejorar su escalafón y sus ingresos. Esto no solo tiene un impacto económico, sino también en la motivación y la calidad de la enseñanza.
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Bonificaciones crecientes: los docentes han visto aumentos en bonificaciones por permanencia y desempeño, lo que reconoce su rol y ayuda a retener talento en la escuela pública.
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Reajustes salariales: aunque los incrementos siguen siendo modestos frente al costo de vida, en la última década los aumentos reales en la masa salarial docente han superado los de otros sectores del Estado.
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Formación y bienestar: además de capacitaciones, programas de salud mental y bienestar laboral han comenzado a implementarse, especialmente tras la pandemia.
Estos logros representan una política de Estado hacia la dignificación de la carrera docente. Pero mantenerlos requiere estabilidad fiscal: sin recursos adicionales, el descongelamiento de concursos, la continuidad de bonificaciones y los planes de formación podrían volver a frenarse.
Calidad integral: más que puntajes
Hablar de calidad implica mirar tres dimensiones simultáneas:
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Condiciones materiales: colegios dignos, internet estable (el 35% de sedes rurales aún carece de conectividad).
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Condiciones pedagógicas: maestros bien formados, innovaciones curriculares y tecnologías en el aula.
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Condiciones sociales: alimentación escolar, apoyo psicosocial y reducción del trabajo infantil.
Los avances en cada una de estas áreas son inseparables de la estabilidad económica del magisterio. No se puede hablar de aprendizaje sin maestros motivados y con condiciones laborales justas.
La reforma como garantía de continuidad
La Ley de Financiamiento 2025 no es simplemente un ajuste fiscal: es la base para blindar la inversión educativa. Sus propuestas—gravar patrimonios altos, aumentar los impuestos al sector financiero y extractivo, ampliar la base del IVA—buscan asegurar recursos permanentes.
Sin ellos, no habrá cómo sostener la ampliación del PAE, la mejora en infraestructura escolar, el concurso de ascenso docente ni los incentivos salariales que hoy empiezan a dar frutos.
Un pacto educativo y fiscal
Invertir en educación básica y media no es un gasto: es la estrategia más eficaz contra la desigualdad. La escuela pública es el espacio donde millones de niños y niñas pueden romper el ciclo de pobreza, siempre y cuando tengan docentes bien remunerados, aulas adecuadas y oportunidades de aprendizaje de calidad.
Por eso, la reforma tributaria debe leerse también como una reforma educativa. Un pacto en el que quienes más tienen aporten más, para garantizar que cada niño y cada docente en Colombia cuenten con los medios para cumplir el sueño de una educación transformadora.
Colombia está en un punto de no retorno: podemos mantener un sistema tributario débil y condenar a nuestra educación a la precariedad, o podemos aceptar que un mayor esfuerzo fiscal, progresivo y justo, es el precio de una educación pública digna.
Los avances en cobertura, calidad y dignificación docente no son casualidad: son el resultado de inversión. Y sin reforma, corren el riesgo de detenerse.
La Reforma Tributaria 2025, en este sentido, no es solo una discusión sobre impuestos: es el pacto inaplazable para que la educación básica y media siga siendo la columna vertebral de un país más justo.
Eso sí, el Congreso deberá garantizar que el diseño final de la reforma sea realmente progresivo: que los mayores aportes recaigan en los sectores de más ingresos, en los patrimonios altos y en las actividades extractivas, y no en los hogares más vulnerables a través de un IVA indiscriminado. De lo contrario, el remedio podría convertirse en un nuevo golpe al bolsillo de quienes más dependen de la educación pública.
