domingo, 16 de octubre de 2011
LA ALEGRÍA Y LA PENA
Por: William Ospina
El símbolo clásico del teatro muestra una máscara que con la mitad del rostro sonríe y con la otra llora. Después de un año de sonrisas, el Gobierno colombiano ha asumido esta semana por primera vez la expresión de esas máscaras griegas: la mitad con sonrisa de dicha y la mitad con gesto de amargura.
Ambos gestos siguen siendo herencia del gobierno anterior, al que el presidente Santos le debe tantas cosas y hace sanamente lo posible por no debérselas. La sonrisa nace de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.; la amargura, del despertar de la rebelión estudiantil precipitada por las torpezas de la reforma universitaria, que hace flotar sobre el idilio de Santos con la sociedad colombiana la pesadilla de Piñera con los estudiantes de Chile.
Con su clásica insensibilidad los funcionarios suelen repetir que en los tratados de comercio siempre hay ganadores y perdedores. Prefieren no entrar en detalles sobre quiénes ganan y quiénes pierden, para que no sepamos si las mayorías del país forman parte de los winners o de los losers, si van a reír o si van a llorar. Pero nadie ignora que los pobres, la inmensa mayoría, no forman parte del gremio de los importadores ni de los exportadores, que son quienes celebran esta clase de triunfos.
Con todo, para la Economía con mayúscula, que es el nombre que aquí les dan a los intereses de los poderosos, es muy importante ese tratado. La situación de la gente humilde, no sobra recordarlo, no se llama la Economía, sino la Crisis o el Problema. Pero buena prueba de la irresponsabilidad con que el anterior gobierno manejaba las cosas es que, después de ocho años, la aprobación de ese tratado que tanto les importaba encuentre al país sin la infraestructura vial, sin los puertos, sin la planeación económica adecuada, con menos de una cuarta parte de la tierra cultivable utilizada, con la mitad de la tierra en manos de una reducida élite de propietarios y con el horizonte de la educación convertido en catástrofe.
Los recientes balances de nuestro sistema educativo muestran una situación angustiosa. Para decirlo de un modo breve, un porcentaje de nuestra gente no sabe leer ni escribir, un enorme porcentaje de los que saben leer no leen, un gran porcentaje de los que leen no entienden lo que leen y un buen porcentaje de los que entienden no asumen una actitud de responsabilidad frente a la sociedad a la que pertenecen. No son opiniones: son resultados de las pruebas que miden los niveles de educación básica en los países. Es evidente que a quienes hicieron lobby durante ocho años para la aprobación del tratado, porque seguramente los beneficia, no les interesó adecuar la infraestructura del país, ni su economía ni su competitividad, una palabra que les encanta usar, a las necesidades y los desafíos de dicho acuerdo.
Y si no advirtieron la importancia de las carreteras ni de los puertos, ¿cómo podrían advertir la necesidad de una ciudadanía educada, con criterio, y con capacidad de lectura, siquiera para entender las instrucciones de uso de esas cosas que van a empezar a inundar nuestro mercado, en caso de que podamos comprarlas?
Aquí, cuando se habla de educación, los funcionarios suelen entender adiestramiento: por eso no formamos ciudadanos sino operarios, no formamos creadores sino consumidores, no formamos personas con criterio, sino repetidores de esquemas, y por eso en ninguna ventanilla pública hay alguien que pueda tomar decisiones, sino alguien que tiene que remitirnos a su jefe, quien a su vez se encargará de remitirnos a otra potestad más invisible e inaccesible.
Pero hasta en Colombia los tiempos van cambiando. La inconformidad de los estudiantes, que arquea hacia abajo la sonrisa triunfal del Gobierno, puede convertirse en algo más molesto, no sólo porque demasiadas cosas marchan mal aquí, sino porque demasiadas marchan mal en el mundo, y nuestra juventud, a pesar de los esfuerzos del nacionalismo perverso por encerrarla en la ignorancia y en la superstición de la aldea, forma parte de un mundo que ya sabe lo que le corre pierna arriba.
Que 700 ciudades en 70 países estén convocando a la indignación contra las trampas de la democracia precaria y las manipulaciones de una economía que sólo cree en el lucro, que sacrifica la naturaleza a un ideal obsceno de acumulación, que tiene al mundo convertido en una Edad Media de potestades inapelables y élites corruptas, con el agravante de la degradación del planeta, y la desintegración de las sociedades solidarias en individuos egoístas y autistas, nos revela que lo que ocurre aquí hace tiempo forma parte de la nueva edad del planeta. No por azar una colombiana es la persona más visible en la telaraña fosforescente de internet. No por azar el narcotráfico es una de las tramas subyacentes de la gran crisis planetaria.
Colombia no necesita una reforma, sino una revolución de la educación en todos los niveles. Los estudiantes tienen razón en luchar contra el peligro de una mayor privatización, pero deberían orientar su acción hacia la conquista de una educación nueva, no orientada apenas a la productividad y a la competitividad, palabras que embrujan a los funcionarios, sino hacia la convivencia, la creatividad, la responsabilidad civil, la conciencia ambiental, la protección de los débiles, el respeto de las diferencias, el enriquecimiento cultural y la felicidad de individuos y comunidades.
Y de la capacidad del Gobierno de escuchar ese clamor depende también que en adelante esa máscara que hoy a medias sonríe y a medias se amarga, no asuma definitivamente el rostro de la tragedia.
jueves, 13 de octubre de 2011
LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Por: Rodolfo Arango
El gobierno nacional avanza en la privatización de la educación superior mediante la reforma legal.
Su concepción privatista es inconveniente para los intereses generales y el futuro del país. Quiere ampliar el acceso a la universidad pública, pero no está dispuesto a destinar los recursos necesarios para garantizar calidad y equidad. Además, sujeta el acceso al pago de la tarifa del servicio público educativo, como si no se tratara de un derecho fundamental. Las becas y créditos blandos no cambian la concepción privatista en la materia; la ratifican. El Gobierno colombiano camina por la senda del Gobierno chileno, pese a su anunciada renuncia al ánimo de lucro. Por fortuna, un estudiantado con creciente conciencia de sus circunstancias ha decidido tomar el destino en sus manos.
La educación asegura la reproducción material y cultural de la vida de una sociedad. En un mundo civilizado, la educación no debe depender de la gracia de los poderosos. Los ciudadanos ilustrados y sus comunidades se encargan de asegurar los procesos productivos y simbólicos de su existencia sin intervención del poder coercitivo del Estado. La sede de la educación es la sociedad. La intervención de las autoridades públicas es sólo un medio necesario mientras no alcancemos un mayor grado de ilustración.
Según la Constitución Política, la educación es un derecho fundamental, no una mercancía. Que su satisfacción sea mediante el servicio público, prestado por el Estado o por los particulares, no desvirtúa su carácter de derecho fundamental. La prestación del servicio resulta costosa. El acceso en condiciones de igualdad y calidad requiere ingentes recursos económicos. Para el caso de familias económicamente acomodadas, tal acceso no representa mayor problema. Disponen del dinero para matricularse en universidades privadas. No obstante, para la mayoría de la población colombiana la educación superior es un bien escaso, en muchos casos inalcanzable. La propuesta oficial invita a los jóvenes sin recursos a endeudarse con los bancos para poder ingresar a la universidad. El Estado les ofrece créditos subsidiados y, en casos de excelencia académica, incluso la condonación de sus deudas. El esquema de mercado y libre competencia con cofinanciación pública condiciona el acceso a la educación al endeudamiento en un contexto de creciente desempleo. Se trata de una propuesta irrazonable que restringe gravemente el derecho fundamental a la educación en condiciones de equidad.
miércoles, 12 de octubre de 2011
martes, 11 de octubre de 2011
¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN DEBE SER GRATIS PARA TODOS?
Si entendemos a la educación como un derecho humano, lógicamente debemos aceptar que para ser titular de ese derecho, la única condición necesaria y suficiente es “ser humano”, no importando la raza, el color, la religión, la ideología, ni menos la condición social. Al entenderla así, el estado debe entregar educación pública (pre-escolar, escolar, universitaria y técnica) sin hacer ningún tipo de discriminación y sin que tenga un “precio” dado por el mercado. Por eso simplemente es “Gratuita para todos”.
Ahora, si entendemos que la educación es solamente un bien de consumo, quizás más importante que otros, pero un bien de consumo al final, como piensan algunos, esta queda entregada al mercado, como sucede hoy en Chile, y aplicamos sus reglas: “Pague, sino, endéudese, recurra a los privados y si no puede, ahí vemos como le ayudamos”.
Entender esto es extremadamente importante para entender el debate y lo que está en juego. Cuando los estudiantes hablan de gratuidad, están hablando de un derecho. Cuando el gobierno habla de créditos y becas para los más pobres está hablando de un producto de mercado.
El discurso de “los pobres financiando con sus impuestos a los ricos” puede ser convincente, pero es solo su apariencia. Finalmente es una falacia. Da a entender que los estudiantes “ricos” son muchas personas, cuando eso no es así. El informe de la OCDE indica que el 83% de los chilenos que trabajan, no ganan más de 450.000 pesos. Solo el 2,4% gana sobre 1.000.000 de pesos. Sin dejar de mencionar, q las fortunas de Piñera, los hermanos Matte, Paulmann y la familia Luksic equivalen al ingreso que percibe en todo un año el 80% de los chilenos. Los “ricos” tienen mucho, pero son pocos, muy pocos. Tan pocos que si estudian gratis o no, es irrelevante. En el Chile de hoy, posiblemente un niño pobre solo conocerá a un niño rico cuando le tenga que servir en un restaurante.
El argumento del gobierno no tiene relación con la preocupación de que el erario nacional desembolse algunos millones para financiar a los hijos de estas pocas familias adineradas. El rechazo del gobierno es ideológico.
La constitución del 80, impuesta en la dictadura cívico-militar chilena, configura una sociedad sustentada bajo el prisma de un estado que otorga derechos solamente de manera subsidiaria. Es decir, “Si usted no vive en la miseria o la extrema pobreza, vaya al mercado a comprar su derecho a la salud, educación, jubilación u otro. Si usted vive en la miseria, le subvencionamos un poco para que tenga acceso a un similar de cuarta categoría”. Basta con considerar “rico” a alguien que gana 290.000 pesos, para mandarlo a “comprar derechos” al mercado.
Los ciudadanos deben tener derechos garantizados por el estado, independiente de su bolsillo. Eso es absolutamente posible. Si queremos que los pobres no financien la educación de los más ricos, rebajemos impuestos como el IVA, que lo pagan los más pobres, y subamos los impuestos a las grandes fortunas. Por ejemplo, si a los 42.500 millones de dólares que sumadas constituyen las fortunas de solo 4 familias (Piñera, Luksic, Matte y Paulmann), les aplicáramos un 60% de impuestos, ellos seguirían siendo multimillonarios, pero con esa recaudación cientos de miles podrían estudiar gratuitamente en Chile. No se puede pretender tener derechos sociales de país escandinavo con impuestos de África subsahariana.
El temor del gobierno a otorgar educación gratuita para todos, es cambiar la estructura del estado. Es desplazar al mercado del eje central en la educación. Esa es la real batalla y la derecha económica lo sabe. Tiene pánico a que la gente pida lo mismo con las AFP, las ISAPRES, los remedios, la cultura, etc. Por eso se oponen con tanta fuerza. Por eso la represión policial, el ninguneo a los dirigentes y la virulencia en las redes. Sus bajos niveles de conciencia los mantienen constantemente con miedo a perder sus privilegios. Eso los mueve en política.
La batalla que están dando los estudiantes es de fondo. No es en la medida de lo posible, sino en la medida de lo justo. Por eso apoyarlos es un imperativo político, pero por sobre todo moral. El movimiento estudiantil está ganando la batalla de las ideas. Hoy hay una generación que es más consciente. Solo cosa de tiempo para que vengan los cambios. Los procesos sociales pueden tener escollos, pero no se detienen.
Por Daniel Manouchehri, 27 años, ex dirigente estudiantil, blogger y miembro del comité central del PS. Puedes seguir sus comentarios en su twitter @dmanoucheri